La vacuna contra COVID-19 representa, sin duda, una esperanza para poner fin a una de las peores catástrofes sanitarias que hayan vivido el mundo y nuestro país. El éxito del programa de vacunación depende, sin embargo, de varios factores: del control verdadero del contagio, -en tanto se logra inmunizar a un número importante de personas-, de la efectividad y seguridad de las vacunas, de la rapidez con que se distribuyan, de quién las aplique, pero también de contar con información veraz, consistente y oportuna.

De ahí la importancia de que todos los trabajadores de la salud que forman parte del sector público, social y privado sean vacunados, independientemente de que atiendan o no enfermos de COVID-19.

Las autoridades, contrario a lo esperado, no han contribuido a crear un clima de certidumbre. Desde el inicio de la pandemia, el manejo de la información ha sido ambiguo y contradictorio. Se han ignorado las recomendaciones hechas por la comunidad científica nacional e internacional sobre la importancia de hacer pruebas diagnósticas y se ha cuestionado, una y otra vez, el uso del cubrebocas. Errores y omisiones han profundizado el miedo e incertidumbre en la sociedad.

Las proyecciones sobre el tamaño de la epidemia siempre han estado equivocadas. Se pronosticaron 6 mil muertes y hoy se contabilizan cerca de 160 mil. Mayo de 2020 fue el mes en que se creyó se alcanzaría el “pico” de contagios y siguen presentándose cifras récord de infectados hasta el día de hoy. 

La carencia de un protocolo de atención a los pacientes que requieren hospitalización, los elevados índices de contagio y fallecimiento entre el personal médico por la falta de equipos adecuados de protección y el hecho de que no se hayan aprobado y abastecido oportunamente los medicamentos e insumos, son condiciones que han contribuido a agravar el estado de angustia en la población.

La crisis de salud es lo que más preocupa hoy a los mexicanos. La mayor parte de la sociedad tiene miedo al contagio, tiene dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales respecto al número de decesos e infectados y considera que no hay información clara sobre la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y las diferentes vacunas que se van a aplicar.

Dicha política carece, además, del andamiaje jurídico necesario y su denominación no es coincidente con el instrumento publicado por la Secretaría de Salud en la página de coronavirus.gob.mx.

La sociedad merece que se respeten sus derechos constitucionales a la salud y a la información, a la no discriminación y a la seguridad jurídica. A que se mantenga el Estado de Derecho. 

Exhortamos por ello al Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela y al Subsecretario López-Gatell a resolver algunas de las muchas dudas que exigen respuestas urgentes: 

1. ¿Cuáles son los laboratorios a los que el gobierno mexicano ha comprado vacunas, cuántas unidades se han adquirido en cada caso y por qué se optó por esos fabricantes?
2. De acuerdo con mediciones de mercado los índices de confianza en los cuatro tipos de vacuna que llegarán al país son: Pfizer-65%; Astra Zeneca-63%; Sputnik-51% y CanSino 45%. ¿Qué diferencia y grado de efectividad tiene cada una de ellas? ¿Qué tipo de reacciones secundarias provocan? ¿Es necesario aplicar segundas dosis? ¿Si es así, cuanto tiempo después? ¿Pueden poner en riesgo la vida?
3. Las estrategias y prácticas mundiales recomiendan llevar a cabo pruebas diagnósticas para detectar zonas de mayor contagio y proceder de inmediato a la vacunación. ¿Se tiene considerado este criterio? ¿Es pertinente dar prioridad a la población de regiones apartadas cuando la más alta incidencia está en las zonas urbanas?
4. El gobierno ha señalado que vacunar primero a los adultos mayores garantiza reducir en un 80 por ciento la mortalidad por COVID. Sin embargo, entre los adultos jóvenes con problemas de diabetes y obesidad, hay muchas muertes. ¿Por qué no modificar las prioridades o complementar los criterios?En países como Estados Unidos se permitirá la aplicación de la vacuna en farmacias, consultorios y hospitales privados para acelerar la vacunación. ¿Por qué en México no se hace lo mismo? ¿Las autoridades aceptarán la colaboración del sector privado? 
5. En países como Estados Unidos se permitirá la aplicación de la vacuna en farmacias, consultorios y hospitales privados para acelerar la vacunación. ¿Por qué en México no se hace lo mismo? ¿Las autoridades aceptarán la colaboración del sector privado? 
6. ¿Cuál es la composición y función de cada uno de los integrantes de las brigadas de vacunación? ¿La aplicación se realiza en lugares adecuados y donde se puedan atender casos de emergencia?

Del éxito de la vacunación depende el bienestar de millones de mexicanos, pero también el futuro económico y la estabilidad social del país. Sin salud no hay nada para nadie y tampoco puede haber mañana.

Hacemos por ello un urgente y atenta invitación a las academias, colegios, asociaciones, federaciones médicas y científicas, así como a todas las personas conscientes del enorme reto que hoy enfrenta el país, a firmar este pronunciamiento que busca un programa de vacunación COVID-19 eficaz y confiable.